Flock Safety construyó su negocio sobre una promesa simple: más cámaras, más datos y respuestas más rápidas para la policía. Su rápido ascenso ha producido, en cambio, una pregunta más difícil para las ciudades y los residentes: ¿quién controla el sistema una vez que está en todas partes?

La empresa comenzó en Atlanta en 2017 después de que el fundador y director ejecutivo Garrett Langley, en respuesta a robos en su vecindario, desarrollara una cámara lectora de matrículas junto con antiguos colegas. A partir de asociaciones de propietarios de viviendas, Flock se expandió hacia contratos con la policía y luego a sistemas de video, detección de disparos, drones y herramientas de búsqueda con IA. Ahora opera en más de 5.000 comunidades en 49 estados y afirma haber recaudado 500 millones de dólares con una valoración de 8.300 millones.¹

Esa escala ha agudizado la resistencia. Defensores de la privacidad y grupos de libertades civiles afirman que los agentes supuestamente han utilizado los sistemas para acosar a personas, mientras que los departamentos pueden compartir información entre jurisdicciones —incluida con ICE, potencialmente más allá de los límites de las leyes estatales o de los términos bajo los que se instalaron las cámaras—. La oposición ha pasado de las salas de reuniones a la calle: las cámaras han sido pintadas, embestidas con vehículos, manchadas y derribadas en al menos 36 estados.¹

La disputa central es la propiedad. Flock sostiene que los clientes —departamentos de policía, asociaciones de propietarios y clientes privados— son quienes poseen los datos. Los críticos señalan el lenguaje de los contratos que puede permitir a Flock conservar material para sus propios fines, incluido el entrenamiento de aprendizaje automático. La policía de Los Ángeles comenzó a renegociar su acuerdo después de que una auditoría del inspector general citara cláusulas que permitían a Flock utilizar parte del material “para cualquier propósito a la sola discreción de Flock” y grabaciones anonimizadas para el “entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático”.¹

La reacción ya ha tenido consecuencias comerciales. Boston, Flagstaff y Santa Clara dejaron de trabajar con Flock en marzo; Ring posteriormente puso fin a su integración. En julio, el LAPD dijo que estaba revisando su acuerdo. Flock ha respondido con nuevas salvaguardas, incluida una recomendación de período de retención de siete días, frente al valor predeterminado de 30 días, aunque los contratos locales aún pueden fijar periodos mucho más largos.

Langley sostiene que la empresa sigue siendo indispensable y afirma que está “haciendo crecer nuestra base de clientes a una velocidad diez veces mayor que la tasa de pérdida de clientes”, al tiempo que señala los delitos resueltos y las personas desaparecidas localizadas.¹ El conflicto ya no gira en torno a si la tecnología funciona. Gira en torno a si la seguridad pública puede construirse sobre una red de vigilancia cuyos límites siguen siendo negociables.