El acuerdo propuesto por Meta sobre la seguridad de los adolescentes se presenta como un ajuste de cuentas sin precedentes para Silicon Valley. Sin embargo, su característica más llamativa también es su vía de escape: Meta no pagará la cifra total anunciada a menos que las plataformas rivales sigan su ejemplo.

La disputa se gestó durante años de acusaciones de que Facebook e Instagram fueron diseñados para mantener a los niños desplazándose por sus contenidos. En marzo, un jurado de Nuevo México declaró a Meta responsable de 75.000 infracciones de la ley estatal de protección al consumidor; posteriormente, un juez añadió una sanción por perjuicio público, lo que elevó el cálculo del estado a aproximadamente 942 millones de dólares.

Esta semana, Meta alcanzó un acuerdo nacional independiente con una coalición bipartidista de fiscales generales, sujeto a la aprobación judicial. La empresa pagaría hasta 18.000 millones de dólares durante una década y añadiría protecciones predeterminadas para los menores de 18 años, incluido un límite diario de dos horas entre aplicaciones, un bloqueo de medianoche a las 6 a. m., controles de notificaciones durante la jornada escolar, verificaciones de edad más estrictas y un auditor independiente de cumplimiento. El director jurídico de Meta, C.J. Mahoney, lo calificó como «un nuevo conjunto de reglas que rigen el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes», y sostuvo que el movimiento de los adolescentes entre aplicaciones exige una respuesta para toda la industria.¹

Pero no todo el dinero está asegurado. Entre 12.000 millones y 12.700 millones de dólares están garantizados, mientras que aproximadamente otros 5.000 millones dependen de que TikTok y YouTube —y, según la versión de un estado, Snapchat— acepten salvaguardias y condiciones monetarias comparables. Meta dice que la condición evita que los adolescentes simplemente se pasen a aplicaciones con menos restricciones; los críticos ven a una empresa que convierte su propia sanción en una palanca sobre sus competidores.

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, acogió favorablemente el acuerdo nacional, pero dijo que no iguala las protecciones que su estado obtuvo en los tribunales, en particular «una prohibición directa de las interacciones románticas y sexualizadas de chatbots de IA con menores» y barreras más estrictas contra los adultos que se dirigen a niños mediante mensajes privados.²

Los defensores de la seguridad infantil comparten ese veredicto mixto. Fairplay calificó el acuerdo como «un momento decisivo», al tiempo que advirtió que deja activados por defecto los algoritmos de recomendación y depende en exceso de herramientas y avisos para los padres. Los defensores de la privacidad, por su parte, advierten que una verificación de edad agresiva podría exponer a todos los usuarios a una comprobación invasiva y restringir indiscriminadamente a los jóvenes.³

El acuerdo puede establecer una nueva base para las cuentas de adolescentes, pero no pone fin a la exposición jurídica más amplia de Meta ni resuelve el debate sobre si las reglas de seguridad deben ser voluntarias, impuestas por los tribunales o redactadas por el Congreso.