Meta ha pagado para salir de un tribunal de Oakland, pero no del todo en sus propios términos. Su acuerdo propuesto sobre seguridad adolescente convierte un pago récord en una campaña de presión dirigida directamente a TikTok y YouTube.

El acuerdo, anunciado después de los alegatos iniciales de un caso presentado por 29 estados, exigiría a Meta pagar hasta 18.000 millones de dólares durante una década, además de cambiar la configuración predeterminada para los usuarios menores de 18 años en Facebook e Instagram. Los estados alegaron que la empresa diseñó sus productos para volver adictos a los niños; Meta niega haber cometido irregularidades. El alegato inicial de California condensó la acusación en un modelo de negocio que “engancharía”, “retendría”, “cosecharía” y “ocultaría”.¹

A la espera de la aprobación judicial, el acuerdo impondría un límite diario de dos horas en Facebook e Instagram, bloquearía el acceso durante la noche, silenciaría la mayoría de las notificaciones en días escolares, ocultaría los recuentos de «me gusta» y ampliaría las verificaciones de edad. La condición financiera central es inusual: aproximadamente 12.700 millones de dólares están garantizados, mientras que unos 5.300 millones dependen de que TikTok y YouTube adopten protecciones comparables y hagan pagos equivalentes. Meta afirma que esa condición refleja cómo los adolescentes se desplazan entre aplicaciones, y no un intento de trasladar su responsabilidad.²

El director jurídico C.J. Mahoney lo calificó de una solución para toda la industria y sostuvo que “los adolescentes se mueven con fluidez entre decenas de aplicaciones” y que el marco necesita que los pares de Meta se sumen.³ TikTok y YouTube no habían respondido a las solicitudes de comentarios, mientras que los presentadores de Equity de TechCrunch dudaban de que los rivales siguieran el ejemplo de Meta.⁴

El acuerdo también deja a Meta enfrentando casos separados. Nuevo México, que obtuvo aproximadamente 942 millones de dólares contra la empresa en su propia demanda, afirma que los términos nacionales omiten protecciones que ya consiguió, incluidas restricciones a las interacciones sexualizadas de chatbots de IA con menores. El fiscal general Raúl Torrez, no obstante, calificó el acuerdo como un “progreso real”.⁵

Los defensores de la seguridad infantil comparten ese veredicto dividido. Fairplay acogió las protecciones nocturnas como un avance decisivo, pero afirmó que el acuerdo depende demasiado de las herramientas parentales y no desactiva por defecto los algoritmos de recomendación. Los defensores de la privacidad, por su parte, advierten que una verificación de edad más estricta podría implicar controles invasivos para todos. El dinero es histórico; la disputa sobre cómo es una protección significativa no ha terminado.⁶