Japón considera las armas no tripuladas y la IA como una forma de preservar la disuasión mientras su población envejece y aumenta la presión regional. Los críticos, encabezados por Pekín, ven el mismo refuerzo como una preocupante expansión del papel militar de Japón.

El Ministerio de Defensa reveló el lunes su solicitud de un presupuesto de 8,9 billones de yenes (55.600 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2027, un modesto aumento respecto de los 8,8 billones de yenes solicitados para el año en curso. La propuesta sitúa a los drones, la inteligencia artificial y los nuevos métodos de combate en el centro de la próxima fase de rearme de Japón.¹

La solicitud sigue a la estrategia quinquenal de 2022, en virtud de la cual Japón comenzó a elevar el gasto en defensa hasta aproximadamente el 2 % del PIB y a reforzar su capacidad de contraataque, en gran medida como respuesta a la creciente asertividad militar de China. Sin embargo, Pekín ha criticado el refuerzo japonés como «nuevo militarismo».²

La respuesta de Tokio es hacer que sus fuerzas sean más letales y menos dependientes de la mano de obra. El ministerio busca sistemas no tripulados de bajo costo que puedan producirse en masa en el país, argumentando que pueden reducir costos, disminuir las bajas y reforzar las defensas aéreas. Las capacidades previstas incluyen drones de ataque lanzados desde encima y debajo del agua, que operarían junto con misiles de crucero de largo alcance, así como misiles hipersónicos lanzados desde submarinos.

La IA es la otra gran apuesta. Una plataforma integrada de mando y control aceleraría las evaluaciones del campo de batalla y la selección de objetivos, combinando potencialmente tecnología extranjera, incluidos sistemas estadounidenses, con desarrollo nacional. Un propuesto «orquestador de IA» coordinaría múltiples sistemas, mientras que una nube del Ministerio de Defensa transportaría datos sensibles en situaciones de crisis.

El ministerio también quiere que el Estado compre fábricas y contrate a empresas privadas para operarlas, con el objetivo de evitar que los proveedores abandonen un sector de defensa sometido durante mucho tiempo a la presión de bajos beneficios y preocupaciones reputacionales. El programa sigue siendo una solicitud, y los costos clave y el total final aún dependen de la próxima estrategia de seguridad del gobierno.