La batalla legal por el tiroteo escolar de Tumbler Ridge se amplió esta semana, cuando supervivientes presentaron 30 demandas adicionales contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, ante un tribunal federal de California. Los demandantes incluyen estudiantes, docentes y la directora de la escuela: personas que estaban dentro del edificio durante el ataque del 10 de febrero, pero que no recibieron disparos.¹

Las demandas se remontan a junio de 2025, cuando OpenAI cerró la cuenta de ChatGPT de Jesse Van Rootselaar después de que un sistema automatizado detectara una infracción de las políticas. Ocho meses después, las autoridades afirman que Van Rootselaar mató a su madre y a su hermano menor en casa, y luego fue a la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, donde mató a cinco estudiantes y a un asistente educativo antes de morir por una herida de bala autoinfligida.²

Demandas anteriores acusaban a OpenAI de no haber evitado negligentemente el ataque. Las nuevas presentaciones van más allá y alegan que la empresa «brindó asistencia y estímulo sustanciales» al no notificar a las autoridades canadienses y al permitir que la atacante recuperara el acceso después de que su cuenta fuera desactivada, en lugar de ser vetada de todo el sistema.³

Los demandantes afirman que el personal interno de seguridad había instado a OpenAI a contactar a la Real Policía Montada de Canadá, solo para ser desautorizado por el liderazgo de la empresa. Alegan específicamente que el director de Asuntos Globales, Chris Lehane, o alguien en su cadena de mando, detuvo la remisión, una afirmación que las demandas reconocen que se basa en «información y creencia», no en pruebas directas.¹

OpenAI rechaza esa premisa. Ann M. O’Leary, su vicepresidenta de política global, escribió que la empresa no identificó una «planificación creíble e inminente» que alcanzara su umbral para acudir a las fuerzas del orden.² El director de Estrategia, Jason Kwon, también ha calificado de «completamente falsas» las afirmaciones de que las decisiones de seguridad estuvieron motivadas por preocupaciones políticas o de relaciones públicas.¹

Los casos ahora convierten ese criterio en la cuestión central: si el umbral de OpenAI para intervenir era una salvaguarda defendible, o una advertencia desaprovechada antes de que fuera demasiado tarde.