La disputa comenzó en diciembre de 2023, cuando The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft, alegando que las empresas habían utilizado millones de sus artículos sin permiso para entrenar sistemas de IA y solicitando miles de millones de dólares en daños y perjuicios. El caso se convirtió rápidamente en una prueba de si introducir obras protegidas por derechos de autor en un modelo de lenguaje de gran tamaño está protegido como uso legítimo.¹

A medida que el litigio avanzaba hacia un posible juicio, la disputa se centró en torno a dos cuestiones conocidas de derechos de autor: si las empresas transformaron los reportajes del Times en algo nuevo y si las respuestas de los chatbots pueden sustituir al periodismo original. La respuesta del Times es enfática: OpenAI y Microsoft copiaron el trabajo de los editores y crearon productos que ahora compiten con los medios que lo produjeron. «El futuro no solo del periodismo, sino también de la IA responsable, depende de preservar los incentivos para que los seres humanos produzcan las obras creativas de las que depende una sociedad sana», dijo el periódico al tribunal.²

Luego llegó la intervención del gobierno federal. En una declaración de interés presentada a última hora del martes, el Departamento de Justicia instó al juez de Manhattan a determinar que el uso por parte de OpenAI del material de los editores era lícito, argumentando que el desarrollo de la IA es una prioridad de seguridad nacional y que sus beneficios «superan con creces cualquier perjuicio competitivo».³

La postura de la administración no es que los editores no tengan interés en el asunto, sino que la ley de derechos de autor no debería interpretarse de una manera que obstaculice el entrenamiento de modelos. Los abogados del gobierno advirtieron que excluir el entrenamiento de LLM del uso legítimo sería incompatible con los principios de derechos de autor y «obstaculizaría gravemente» el progreso científico y tecnológico.⁴

Para el Times, ese planteamiento coloca la política pública del lado de la industria a la que está demandando. Su portavoz, Graham James, afirmó que el Departamento de Justicia estaba eligiendo a un puñado de «empresas de IA valoradas en billones de dólares» por encima de los creadores estadounidenses.³ La próxima decisión del juez Sidney H. Stein sobre el juicio sumario podría determinar si esa disyuntiva se convierte en la referencia legal tanto para las redacciones como para los desarrolladores de IA.