La disputa comenzó en marzo, cuando el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva sobre las papeletas por correo. A finales de agosto, el Servicio Postal de Estados Unidos siguió con una norma que establecía nuevos estándares para los sobres de las papeletas y exigía a los estados elaborar listas de votantes elegibles para votar por correo.¹

Los críticos advirtieron que la política podría dificultar el voto para muchas personas. Con las elecciones de mitad de mandato de noviembre acercándose —y las mayorías republicanas en ambas cámaras en juego—, un juez federal de Boston bloqueó su uso para las papeletas enviadas por correo. El caso llegó entonces a la Corte Suprema.¹

El lunes, el tribunal mantuvo vigente esa medida cautelar, impidiendo que la norma entrara en vigor para las elecciones de 2026. La decisión sin firma parece haber sido de 7 a 2, con los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito como los únicos disidentes públicos. El juez Brett Kavanaugh, uno de los designados por Trump, dijo que había «una posibilidad razonable» de que la norma finalmente fuera legal. Pero concluyó que imponerla ahora sería «arbitrario y caprichoso» porque los funcionarios estatales y locales no tenían tiempo suficiente para implementarla razonablemente antes de las elecciones.¹

Trump respondió un día después con un ataque político contundente. «Es una gran pérdida para los republicanos y para Estados Unidos mismo», escribió, afirmando que la decisión facilitaba el supuesto fraude de los demócratas mediante las papeletas por correo.¹ También acusó a jueces no identificados de no tener el valor de «salvar a nuestra Estados Unidos», mientras elogiaba a Alito y Thomas como «leyendas».¹

Por lo tanto, el choque es más grande que una sola norma del Servicio Postal. Trump presenta el voto por correo como una amenaza para la integridad electoral; el razonamiento determinante del tribunal, al menos por ahora, fue más limitado: los sistemas electorales no pueden rehacerse abruptamente en vísperas de una votación nacional.¹