Virginia, que ya es la potencia nacional de los centros de datos, se ha convertido en un campo de pruebas para la reacción contra la expansión rápida, ruidosa y ávida de energía de la industria.

El viernes, la gobernadora demócrata Abigail Spanberger firmó la Orden Ejecutiva 22, que prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo firmar acuerdos de confidencialidad para proyectos de centros de datos, acelera las normas sobre ruido y ordena una revisión de la generación de respaldo. Su marco complementario de rendición de cuentas propone poner fin a algunas aprobaciones por derecho, reducir subsidios seleccionados, añadir salvaguardas ambientales y proteger a los residentes de mayores costos de electricidad. También crea un grupo de trabajo sobre IA para examinar amenazas que incluyen el desplazamiento laboral y la privacidad de los datos. ¹

Spanberger presentó el paquete como una respuesta práctica a un problema que ha superado a Washington. “Se trata de ofrecer un mejor acuerdo para los virginianos”, dijo, y añadió que exigiría responsabilidades a “las empresas, desarrolladores y operadores de centros de datos”. Ha prometido buscar más restricciones de la Asamblea General, incluidos límites más amplios al secretismo a nivel local. ²

El enfoque de la gobernadora marca una postura más firme hacia una industria que Virginia ha cortejado durante mucho tiempo, pero no es una moratoria. Las normas inmediatas se aplican a desarrollos futuros, mientras que las instalaciones existentes y los proyectos que ya reciben exenciones fiscales quedan fuera de su alcance.

Esa brecha define las críticas tanto de activistas ambientales como de legisladores demócratas. El presidente del Piedmont Environmental Council, Chris Miller, dijo que el plan “aborda en gran medida las normas para los nuevos centros de datos”, sin afrontar lo que ya está construido, lo que está en proceso y las cargas acumulativas que se imponen a las comunidades. ¹

La senadora estatal L. Louise Lucas, que ha combatido los aproximadamente 2.000 millones de dólares en exenciones fiscales para centros de datos de Virginia, fue más directa: “La Gobernadora por fin está sintiendo la presión, pero sigue ignorando el incendio”. ²

Analistas externos ven más sustancia que simbolismo. Scott Babwah Brennen, de NYU, calificó la orden de inusualmente exhaustiva, aunque advirtió que su verdadera fuerza dependerá de las normas que Virginia finalmente redacte. La batalla política, en otras palabras, ha pasado de si se debe actuar a hasta dónde está dispuesto a llegar el estado. ²