El impulso comenzó el miércoles, cuando el senador Bernie Sanders y el representante Greg Casar presentaron una legislación dirigida al extremo más avanzado de la carrera por la IA: la superinteligencia artificial. La propuesta de los legisladores progresistas prohibiría el desarrollo de tales sistemas y establecería un organismo federal para supervisar la IA avanzada.¹

Su argumento no es que deba detenerse todo uso de la IA. Es que una tecnología diseñada para superar la inteligencia humana presenta un orden de riesgo diferente, uno que el Congreso no debería dejar en manos de empresas que compiten por una ventaja comercial. El proyecto de ley combina una prohibición de la superinteligencia con un propuesto Departamento de IA, con el objetivo de otorgar al gobierno federal un papel permanente en la vigilancia y regulación de sistemas cada vez más capaces.¹

El mensaje político de Sanders es deliberadamente directo: la cautela no tiene por qué requerir prodigios técnicos. «No hace falta ser un genio para decir: “hay que ralentizarlo”», reza el planteamiento de su anuncio.²

La propuesta llega en un momento en que sectores de la propia industria de la IA han instado al Congreso a establecer salvaguardas, creando un punto limitado de coincidencia entre los legisladores progresistas y algunos líderes tecnológicos. Pero el enfoque de Sanders y Casar va más allá de un llamado a salvaguardas voluntarias o a una regulación general. Su exigencia central es una línea que los desarrolladores no pueden cruzar: ninguna superinteligencia artificial.

Esa es la tensión central que ahora enfrenta Washington. Los partidarios del proyecto de ley apuestan a que prevenir una capacidad temida es más sensato que intentar contenerla después de que llegue. La medida transforma el debate sobre la IA: pasa de tratar sobre la gestión de la innovación a tratar sobre si algunas formas de innovación deberían prohibirse por completo.