Presuntamente se instaló un dispositivo oculto el 28 de septiembre o alrededor de esa fecha en una sala de conferencias para ejecutivos de la oficina de OpenAI en San Francisco. Estaba conectado al puerto USB de un televisor y, según se informó, cubierto con papel higiénico, un disfraz inusualmente rudimentario para un equipo que las autoridades describen como parte de una presunta vulneración grave.¹

La sala no era incidental. Según el relato de la denuncia del Departamento de Justicia, las reuniones allí a menudo abordaban investigación propietaria, planes de productos, oportunidades comerciales e información no pública sobre las decisiones técnicas y estratégicas de OpenAI.²

OpenAI afirma que respondió recurriendo a su propia tecnología. La empresa dijo que utilizó sus modelos para «comprender el dispositivo y de dónde provenía», y concluyó que un empleado específico lo había colocado días antes.¹ Esa afirmación aporta un giro llamativo a un caso convencional de seguridad interna: una empresa de IA que presenta la IA no como el objeto de una vulneración, sino como una herramienta de investigación.

Las autoridades federales arrestaron posteriormente a Abdulrahman Alfozan, de 35 años, ciudadano saudí que había trabajado en OpenAI desde julio de 2025, el 9 de octubre. Fue acusado de utilizar un dispositivo electrónico para interceptar comunicaciones orales y compareció por primera vez ante un tribunal federal el martes siguiente.³

OpenAI despidió a Alfozan y remitió el asunto al FBI, afirmando que la investigación sigue activa. La empresa recalcó que no tenía «indicios» de que hubiera accedido o extraído pesos de modelos, código fuente o datos de clientes.¹ Su mensaje más amplio es que el episodio demuestra cómo la IA puede contrarrestar «amenazas de seguridad sofisticadas»; sin embargo, el caso penal dependerá de la cuestión más tradicional de si el dispositivo se utilizó para captar en secreto conversaciones privadas.²