El miércoles, el presidente Donald Trump ofreció su más reciente receta para la creciente reacción en contra de los centros de datos: pagar a las personas que viven junto a ellos. En una publicación en Truth Social, instó a los operadores a «HACER ACUERDOS» y afirmó que los proyectos impopulares pueden llegar a ser aceptados «cuando se alcanza un acuerdo financiero».¹

La propuesta llega mientras la infraestructura de IA choca con la política local de cara a las elecciones de mitad de mandato. Residentes y funcionarios locales han dado la alarma por el ruido, el uso del suelo, el consumo de agua y las facturas de electricidad más altas; Data Center Watch contabilizó al menos 75 proyectos retrasados o cancelados por la oposición en el primer trimestre del año.² Trump no ofreció una fórmula para un dividendo comunitario, pero vinculó la idea con su exigencia previa de que las grandes instalaciones generen o paguen suficiente electricidad para evitar trasladar los costos a los usuarios.

Ya existe un modelo aproximado para el acuerdo que Trump tiene en mente. SpaceX ofreció a los residentes elegibles de Memphis un descuento del 50% en Starlink durante su expansión de IA, mientras que NorthPoint Development propuso 10.000 dólares para cada hogar de un municipio de Pensilvania si obtenía permiso para construir un centro de datos.²

Voces de la industria afirman que el principio no es descabellado. Marc Boroditsky, director de ingresos de Nebius, dijo que los desarrolladores podrían canalizar los beneficios de vuelta mediante educación, empleos y un desarrollo económico más amplio, y calificó la idea del presidente como «no descabellada de considerar».¹ Chase Lochmiller, director ejecutivo de Crusoe, por su parte, subrayó que la disponibilidad de energía y los permisos locales siguen siendo obstáculos centrales.

Pero la objeción de los críticos va más allá del tamaño de un cheque. La propuesta de Trump se parece al enfoque Hyperion de Meta en Luisiana, donde las bonificaciones prometidas de 50.000 dólares para docentes coexistían con lo que los críticos describieron como un proceso de aprobación secreto que dejó a los residentes mal informados.³ La línea de fractura emergente es clara: los desarrolladores pueden ofrecer beneficios tangibles, pero las comunidades siguen queriendo tener una voz significativa sobre la infraestructura que está transformando sus vecindarios.