La iniciativa de Delaware comenzó con una apuesta más amplia: que la IA agéntica llegará al comercio, quieran los legisladores o no. En julio de 2025, el gobernador Matt Meyer firmó una resolución que creó un marco de entorno regulatorio de pruebas para ensayar tecnologías novedosas que utilizan IA agéntica. Posteriormente, la Comisión de IA del estado comenzó a trabajar en un entorno de pruebas de gobierno corporativo y en una posible legislación.¹

Para 2026, la propuesta se había concretado en una nueva entidad: la Compañía de Inteligencia Artificial, o AIC. Según un proyecto de ley, un agente de IA podría gestionar los asuntos de una empresa, celebrar transacciones, poseer bienes, demandar o ser demandado, y realizar casi cualquier negocio lícito salvo actividades bancarias. El entorno de pruebas propuesto, de 30 meses, pondría a prueba ese modelo antes de que los legisladores decidan si hacerlo permanente.¹

El argumento de sus arquitectos es que el reconocimiento formal es más seguro que fingir que los sistemas autónomos no pueden actuar. La secretaria de Estado de Delaware, Charuni Patibanda-Sanchez, y el director ejecutivo de Norm Ai, John Nay, sostuvieron que la respuesta es «envolver la IA en una forma jurídica»: darle una identidad reconocible para que su conducta sea «visible, rastreable y sujeta a rendición de cuentas». Afirman que el entorno de pruebas funcionaría «a la luz del día, bajo supervisión», con capital vinculado a la responsabilidad y un mecanismo para apagar un sistema de IA.¹

Pero la arquitectura de responsabilidad es precisamente lo que ha disparado la alarma en Washington. El único miembro humano o corporativo de la AIC financiaría la empresa y cobraría las ganancias, mientras que, en general, estaría protegido de sus deudas y de los actos u omisiones del negocio dirigido por IA, salvo en casos de fraude, infracciones legales deliberadas o conducta conscientemente fuera de propósito.¹

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, solicitó a Meyer documentos sobre el plan y advirtió que podría proteger a «poderosas empresas de IA y sus inversores de la responsabilidad por acciones perjudiciales temerarias». Dijo que la investigación podría dar forma a una legislación federal que limite las iniciativas estatales de regulación de la IA.¹

El choque ahora es evidente: Delaware ve una prueba controlada que podría aportar supervisión —y tarifas— a la capital corporativa del país; Comer ve una innovación jurídica que podría dejar a las víctimas frente a una empresa dirigida por software mientras sus patrocinadores humanos se mantienen a distancia. La oficina de Meyer dijo que estaba revisando la carta.¹